Por Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible, directora del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática, Clínica Berta Cáceres, Universidad Iberoamericana
En unos días estaré en Belém, la capital del estado de Pará en la Amazonía de Brasil, para participar en la COP30.
Regreso a una COP después de seis años, cuando asistí a la COP25 en Madrid, misma que sería en Chile. Esta es también la primera a la que voy como Relatora de la ONU para el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible. La expectativa es total.
De nuevo y como en otras COP en las que he participado, mi prioridad será contribuir al avance de las soluciones, especialmente que las acciones climáticas se centren y respeten derechos humanos. Parece sencillo, pero es sorprendentemente complicado.
Derechos humanos y clima
En Cancún, 2010, logramos que por primera vez una decisión de COP reconociera la vinculación con los derechos humanos. Luego, entre 2010 y 2015, al comienzo un manojo de personas y luego un movimiento diverso y participativo, colaboramos para incluir los derechos humanos en el Acuerdo de Paris. Años de esfuerzos que iniciaron con el liderazgo de sociedad civil, incluyeron movimientos de Pueblos Indígenas, mujeres, sindicatos, campesinado, jóvenes, Estados, Relatores Especiales y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, academia y más. Logramos que el preámbulo del Acuerdo mencione claramente que las acciones climáticas deben respetar los derechos humanos.
Por diez años esa coordinación se ha mantenido, para asegurar que la implementación del Acuerdo de Paris incluya el respeto de los derechos humanos.
Por supuesto mucho ha llovido en esta década. Resalto tres avances fundamentales para contribuir a la COP30:
Primero, los litigios climáticos aumentaron en todos los rincones de la Tierra buscando justicia climática y ayudando a aclarar obligaciones. Algunas personas dirán que el aumento de litigios es culpa del Acuerdo de París, pero realmente es la falta de acción climática efectiva. Dada la parsimonia en los resultados, los innegables impactos climáticos y el avance de la ciencia evidenciando la relación entre daños y el uso de combustibles fósiles, y las soluciones posibles, personas y movimientos recurrieron a las cortes buscando justicia. Acceder a la justicia es tanto un derecho humano como la acción más pacífica existente para pedir rendición de cuentas.
Gracias a dichos litigios las cortes han aclarado obligaciones y acciones que Estados y empresas deben atender. Por ejemplo, que políticas por debajo de los objetivos acordados en la Convención de Cambio Climático y del Acuerdo de Paris son insuficientes y por ende, es obligatorio ajustarlas para cumplir dichos compromisos. Que debido al impacto del cambio climático en los derechos humanos, el Acuerdo de Paris es un acuerdo de derechos humanos que es prioridad de implementación en los Estados. Y que los Estados tienen la obligación de regular y controlar empresas cuyas actividades agravan el cambio climático.
Internacionalmente las negociaciones climáticas no lograban aclarar las obligaciones climáticas, por lo cual en 2023, la Asamblea General de la ONU por consenso pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicha aclaración. En julio pasado la Opinión Consultiva de la CIJ fue contundente al concluir las obligaciones de los Estados de proteger el ambiente y el sistema climático, así como implementar medidas con debida diligencia estricta, para evitar mayores impactos. La obligación es erga omnes, es decir le compete a todos los Estados, sin importar si son parte de tratados climáticos. El Tribunal Internacional del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aportaron opiniones consultivas en la materia.
Segundo, la ONU reconoció el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible. Este reconocimiento histórico luego de cinco décadas, se logró con el liderazgo de sociedad civil, pueblos indígenas, campesinado, movimientos sociales y comunidades locales, entidades de la ONU y Estados. Además de la ONU, 165 Estados y la mayoría de regiones del mundo reconocen este derecho, que incluye disfrutar de aire limpio, un clima seguro, biodiversidad y ecosistemas sanos, agua segura y sostenible, alimentación sana y producida sosteniblemente y ambientes limpios; así como acceder a información, participación pública y acceder a la justicia.
De hecho, la CIJ concluyó que el derecho al ambiente sano es precondición, inherente, esencial e interdependiente para el efectivo disfrute de los derechos humanos, así como para que los Estados puedan cumplir sus obligaciones de garantizar los derechos humanos. De hecho, dada la costumbre generalizada de los Estados al reconocer este derecho, y la opinión de las Cortes, puede concluirse que dicho derecho es parte del derecho consuetudinario internacional.
La inclusión de los derechos humanos y un ambiente sano puede ayudar a fortalecer la gobernanza oceánica, mejorar las evaluaciones de impacto ambiental, y reducir la contaminación del aire, entre muchos otros beneficios.
El tercer punto a resaltar en esta década es el reconocimiento que la crisis climática es también una crisis de desigualdad. Una realidad que Pueblos Indígenas, comunidades pescadoras, campesinas, sindicatos, feministas y personas de los territorios evidenciaron por mucho tiempo, hoy es reconocida por el IPCC, informes de la Oficina del Alto Comisionado y de organizaciones de la ONU, así como la importancia de avanzar hacia justicia climática, incluyendo equidad y valorando el conocimiento Indígena y ancestral.
Un avance con pasos interesantes, como el proceso de la Presidencia de la COP para incluir las voces y opiniones en este sentido. Avanzar soluciones reales para atender la desigualdad respecto a la crisis climática es fundamental, dado que el 10% de la población es responsable del 50% de emisiones, siendo solo un 1% mayormente responsable.
Los derechos humanos, en el centro de la acción climática
Por ello, para que la COP30 sea la COP de las personas, es esencial que los derechos humanos estén en el centro de las negociaciones y acuerdos. Así lo resaltamos 30 Procedimientos Especiales de la ONU en nuestro pronunciamiento.
Hoy, cuando la ciencia y las cortes han concluido la importancia de aumentar la ambición y asegurar que el límite máximo de calentamiento global no rebase 1.5oC, sabiendo que aun así hay impactos graves e irreversibles. Hoy, cuando necesitamos atender las tres brechas de emisiones, las NDC y de adaptación, es imperativa la inclusión de los derechos humanos, incluyendo al ambiente sano.
Especialmente siendo la COP de la implementación climática.
Para ello decidí ir a Belén, para contribuir desde la Relatoría y a partir de los avances jurídicos, científicos y sociales, a entender a Estados, empresas y entidades, que el derecho al ambiente sano es una herramienta fundamental en la acción climática. Una pieza del rompecabezas faltante aún y esencial para la implementación del Acuerdo de Paris.
Después de seis años y a una década de Paris, será un honor regresar a las COP, esta vez en mi región, y en esa tierra de Brasil que tanto quiero y admiro. Un honor ser parte del mutirão global y contribuir para que los derechos humanos, incluyendo el derecho al amiente sano, al centro.
La Amazonía nos servirá de inspiración y de testigo.
Astrid Puentes Riaño
Relatora Especial de la ONU para el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible, directora del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática, Clínica Berta Cáceres, Universidad Iberoamericana
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