Ana Tuñas Matilla
España ha registrado ese año, al menos, 327 incendios forestales intencionados, entre los que se encuentra el más grande de este verano, según datos de la Guardia Civil, que revelan que tras estos fuegos se esconden pirómanos y ciudadanos que actúan por odio, venganza, vandalismo, conflictos ganaderos o intereses agrícolas, entre otros motivos.
Hasta el 30 de septiembre, en su ámbito de actuación, la Guardia Civil ha registrado 3.603 incendios forestales, de los que las investigaciones llevadas a cabo han permitido constar que 373 se debieron a causas naturales, principalmente por rayos y, también, por combustión espontánea.
Otros 895, más del doble, fueron causados por el hombre, ya sea por accidente, negligencia o intención, mientras que el resto de los casos se encuentran aún en fase de investigación, han explicado a EFEverde fuentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) del Instituto Armado. En el resto de incendios, la investigación sigue abierta.
La intencionalidad supera a las negligencias
Entre los incendios provocados por la acción humana, 203 tuvieron origen en negligencias, como quemas agrícolas mal gestionadas, uso imprudente de maquinaria o abandono de brasas; y 365 en accidentes, como cortocircuitos, colillas mal apagadas o actividades recreativas sin las debidas precauciones.
Además, los agentes han logrado identificar otros 327 fuegos como intencionados, 48 de ellos originados por pirómanos (personas que padecen piromanía, un impulso incontrolable de provocar fuegos).
Detrás de las llamas intencionadas, figuran también conflictos ganaderos (40), incendiarios sin motivación clara (56), vandalismo (32), venganza u odio personal (11), intereses agrícolas (5), ahuyentar animales (7), facilitar la caza (1), distraer a fuerzas de seguridad (1), conflictos por titularidad de montes (2) y otros motivos (124).
Por contra, los fuegos provocados con el objetivo de recalificar suelo son muy poco habituales desde la modificación de la Ley de Montes en el 2015 para prohibir el cambio de uso forestal durante al menos 30 años en terrenos incendiados, salvo que se justifique por razones excepcionales de interés general debidamente justificadas y aprobadas por la administración competente, según la misma fuente.
Un mechero en el origen del de Uña de Quintana
Entre los incendios provocados estaría el más grande registrado este en España, el de Uña de Quintana, en Zamora, que se unió con fuegos de León, quemando unas 39.000 hectáreas.
Según las investigaciones, el fuego se inició por la aplicación directa de llama mediante un elemento externo, como un mechero. Las pesquisas siguen abiertas para determinar la autoría.
En lo que respecta a los dos fuegos más grandes de la historia de Galicia, los de A Rúa-Larouco (más de 30.000 hectáreas) y Chandrexa de Queixa (19.000 hectáreas), aún no se han logrado determinar las causas concretas del origen del fuego.
El de Llamas de Cabrera, que unido al de Yeres acabó arrasando el parque natural de Las Médulas (León), tuvo su origen en un rayo, en tanto que por el de Oímbra-A Granxa, fue causado por el uso negligente de una desbrozadora y su presunto autor fue detenido.
En cuanto al reparto de los incendios por el territorio nacional, han apuntado que hay una «clara concentración geográfica», con Galicia a la cabeza (886), seguida de Andalucía (545) y Castilla y León (519).
Estas regiones, según los agentes, presentan condiciones climáticas, orográficas y socioeconómicas que favorecen la aparición de fuegos, además de una elevada presión sobre el medio rural.
¿Cómo pararlos?
Según la misma fuente, la colaboración ciudadana es absolutamente esencial para luchar contra pirómanos e incendiarios. «Muchas de nuestras investigaciones se inician gracias a avisos de vecinos, llamadas al 112 o denuncias anónimas», han asegurado.
La vigilancia activa, el compromiso social y la concienciación son herramientas clave para prevenir y detectar conductas sospechosas.
La principal dificultad a la hora de identificar al autor de un fuego radica en la falta de testigos directos y en lo efímero de las pruebas físicas, pues «el fuego destruye rápidamente cualquier evidencia, lo que complica la labor pericial», han recordado.
Además, muchos incendios se producen en zonas aisladas, sin cobertura de cámaras ni presencia humana.
Aun así, gracias a técnicas de investigación avanzada, análisis forense de incendios y colaboración interinstitucional, «logramos esclarecer un número creciente de casos», han aseverado.
Penas de hasta 20 años de cárcel
El Código Penal contempla penas de 10 a 20 años para los que provoquen un incendio forestal que comporte peligro para la vida o integridad física de las personas, y de 1 a 5 años en caso de daños materiales sin peligro para las personas.
Las penas se elevan a entre 3 y 6 años cuando el incendio alcance especial gravedad: que afecte a una superficie considerable, que genere elevada erosión en suelos, que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a un espacio protegido o que se aproxime a zonas habitadas.
La consideración de gravedad se extiende también a fuegos provocados en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados o cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico.
«Estas penas son significativas, pero su efecto disuasorio depende también de la eficacia en la detección, investigación y condena. La reincidencia y la intencionalidad deberían valorarse con especial atención en sede judicial», han señalado las mismas fuentes.
La prevención, la mejor vía para acabar con el fuego
Para los agentes de la Guardia Civil especializados en la protección de la naturaleza, la clave para reducir el número y la intensidad de los incendios está en la prevención.
Entre las mejores medidas para prevenir, destacan la gestión forestal activa (limpieza de montes, creación de cortafuegos y mantenimiento de infraestructuras), y la educación ambiental y el fomento de prácticas responsables en el uso del monte.
También abogan por elevar la vigilancia «tecnológica» (drones, sensores térmicos y sistemas de alerta temprana), reforzar la legislación sobre quemas agrícolas, uso de maquinaria y acceso a zonas sensibles, y fomentar el voluntariado ambiental y la denuncia responsable.
«Proteger nuestros montes es una tarea colectiva que requiere compromiso, recursos y coordinación entre administraciones», han aseverado. EFEverde
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