Los diferentes agentes implicados en casos de violencia de género, desde los agentes de fuerzas y seguridad del estado hasta los letrados y operadores jurídicos han de tener los recursos y la formación necesaria para identificar el mayor número de ítems que ayuden a detectar la alarma para evitar que se produzcan casos de violencia vicaria.
Se trata de una de las conclusiones en las que coincidieron el Magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, Alfonso Ballestín Miguel, el fiscal Alfonso Carlos Villacampa Abadías y la Inspectora Jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, Clara Pérez Martínez, en la Mesa redonda “Manifestaciones de la Violencia de Género: La Violencia Vicaria como Forma Extrema de Control”.
Sobre la mesa de definió qué se entiende por violencia vicaria, un concepto que comenzó a utilizarse en el conocido como “Caso Bretón” y a partir de ahí se ha ido reflejando en sentencias e incluso en normativa, pasando a ser aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta o de aquello que más aprecia. De ahí que se ejerza sobre los hijos, familiares o, como ya se está viendo, sobre animales de compañía, con el objetivo de causar un “daño que perpetúa su dolor, por lo que se ejerce una violencia doble”.
En esta jornada, organizada por la Sección de Defensa de los Derechos de los Animales junto con la Sección de Derecho Penal, de la Infancia y de la Adolescencia, en colaboración con la Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, se pusieron sobre la mesa que hasta ahora, la violencia vicaria se había encaminado por el maltrato psicológico o como delitos contra la integridad moral, por lo que iban encaminados por los Juzgados de Primera Instancia. Al tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal y reconocerse en la Ley de Violencia de Género, se podrá derivar a los juzgados creados al efecto. Algo que todavía genera incertidumbre entre los profesionales jurídicos.
También se analizaron las propuestas del Anteproyecto de la Ley Orgánica en materia de violencia vicaria, marcando como prioridad el “interés del menor por encima del vínculo paternofilial”, como explicó el magistrado Alfonso Ballestín. Algunas de esas medidas sería la adecuación de espacios judiciales, establecer protocolos de denuncia segura, la escucha obligatoria de los menores, incluidos sus silencios y gestos y la formación especializada de jueces.
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