Letrados de Administrativando Abogados que defienden este procedimiento judicial
La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de junio de 2024, de la que dependían 2.500 nuevas plazas en el organismo. La cifra, la más elevada en décadas, atrajo a decenas de miles de aspirantes —más de 32.000 personas realizaron efectivamente las pruebas, aunque el número de inscripciones superó los 60.000—.
El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la firma ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se sustenta en la idea de que el tribunal calificador modificó, sin previo aviso, los criterios de corrección y estableció una nota de corte que no estaba prevista en las bases de la convocatoria.
Desde Administrativando Abogados, se considera que la situación vulnera presuntamente los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso a la función pública.
Estos principios no son meras fórmulas retóricas, sino mandatos recogidos en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, y avalados por una sólida jurisprudencia del Tribunal Supremo.
“La transparencia y la publicidad son la base de toda función pública y su quebranto mina la credibilidad del sistema. Solo así los aspirantes podrán saber a qué atenerse y confiar en la objetividad de los procesos”, sostiene Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de la firma.
El recurso solicita la nulidad de la Resolución del 20 de mayo de 2025, en la que se publicó la lista definitiva de aprobados.
A juicio del despacho, la decisión administrativa carece de la legalidad necesaria, al haberse alterado las reglas de juego una vez comenzada la oposición. Aunque la Ley 7/2007 establece un marco normativo claro, su cumplimiento depende de la actuación diligente de los tribunales calificadores. Si estos órganos introducen modificaciones sin publicidad previa, los aspirantes carecen de recursos inmediatos para defender sus derechos.
Administrativando Abogados, confía en que el tribunal restablezca los derechos vulnerados y siente un precedente que garantice procesos selectivos limpios y seguros.
Más allá de la vertiente jurídica, la sensación de indefensión y frustración es generalizada entre los afectados, quienes ahora depositan su esperanza en la vía judicial.
Una sentencia estimatoria, subrayan, permitirá recobrar su confianza en que los procesos de selección sean objetivos y transparentes. Sin estas condiciones, el acceso a la función pública pierde legitimidad y se erosiona la igualdad de oportunidades.
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