Por Amaya Sánchez
Coordinadora de la Oficina Técnica de Por Otra PAC y de Políticas para Sistemas Alimentarios Sostenibles de WWF
2025 está poniendo a prueba la resiliencia del campo español como nunca antes. A las secuelas de la DANA que arrasó el Levante hace casi un año —con cultivos perdidos e infraestructuras aún por recuperar— se suman los incendios más devastadores desde que hay registros: más de 362.000 hectáreas calcinadas, 35.400 de ellas agrícolas. Todo ello en un escenario marcado por la presión de nuevos acuerdos comerciales como el de Mercosur-EU y los aranceles estadounidenses, y una crisis climática que ya no es una amenaza sino una realidad palpable.
En medio de esta tormenta perfecta, Europa arranca la negociación que definirá la Política Agraria Común (PAC) hasta 2034. Hoy, Día Mundial de la Agricultura, la Coalición Por Otra PAC lanza 15 propuestas para que esta herramienta, la más potente y con mayor presupuesto de la UE, se ponga al servicio de las personas, del territorio y de la sostenibilidad en su triple dimensión: económica, social y ambiental.
El momento es histórico. Comenzó el pasado 16 de julio cuando la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta de PAC para el periodo 2028-2034. A primera vista, el texto supone un cambio de gran calado: reduce en torno al 20% el presupuesto, elimina los dos pilares tradicionales y, por primera vez en seis décadas, diluye un fondo que se ha destinado solo al sector agrario y al entorno rural en otro nuevo y más amplio, el de Seguridad y Prosperidad Sostenible.
Riesgos de una PAC renacionalizada
Desde la Coalición Por Otra PAC creemos que esta reestructuración, lejos de responder a los desafíos sociales, económicos y ambientales que atraviesa el campo, amenaza con dejar desprotegidos a quienes alimentan y cuidan el territorio.
A nivel de gobernanza, la Comisión plantea dar más margen de maniobra a los Estados miembros sin definir mecanismos claros de coordinación ni espacios para la participación ciudadana. Esto abre la puerta a una renacionalización de facto de la PAC y pone en riesgo su carácter común. A ello se suma la falta de transparencia y la ausencia de consultas previas específicas. Nos preocupa cómo se están debilitando los procesos de participación propios de los sistemas democráticos: el contexto de concatenación de crisis que estamos viviendo requiere soluciones sistémicas y colectivas.
Justicia social y desigualdades
En el plano social, la propuesta de PAC incorpora algunas mejoras, aunque insuficientes. Celebraremos que se blinden fondos para las rentas de agricultores y ganaderos, que se introduzcan límites obligatorios a las grandes percepciones (capping a partir de 100.000 euros y degresividad desde 20.000) y que se apueste por el relevo generacional. También es positivo que se reconozcan aspectos hasta ahora invisibles como la conciliación y la salud mental. Sin embargo, la reforma se queda corta al no garantizar un verdadero pago redistributivo (dirigido a las explotaciones pequeñas y medianas). Tampoco plantea una estrategia robusta contra las desigualdades de género en el campo.
Además, no avanza la condicionalidad social. A día de hoy, buena parte de las ayudas siguen sin estar vinculadas a la garantía de derechos laborales, lo que perpetúa abusos en sectores especialmente vulnerables. La Comisión tampoco propone medidas contundentes para corregir la brecha de género: en España, las mujeres representan el 37% de las perceptoras de ayudas directas pero solo reciben el 27% del total del dinero repartido. Ignorar estas desigualdades significa hipotecar el futuro del medio rural.
Histórico pero injusto.
En España, el sistema de derechos históricos sigue siendo un nudo que ahoga la justicia social en el reparto de las ayudas de la PAC. Increíble pero cierto, los solicitantes reciben cuantías calculadas a partir de lo que se cultivaba en su tierra hace veinte años. Este modelo de cálculo del dinero público premia los modelos intensivos en detrimento de la agricultura social y ambientalmente valiosa. La propuesta europea intenta acabar con esta situación al fijar bandas de ayuda más homogéneas por hectárea, pero le falta voluntad: debería haber planteado la eliminación de los pagos basados en superficie, principal causa de que el reparto de dinero de la PAC no sea equitativo.
En el ámbito de protección de la naturaleza —base de la producción agraria—, la Comisión también decepciona optando por rebajar la ambición en plena crisis climática y de biodiversidad. La condicionalidad ambiental, que exigía prácticas básicas como rotaciones de cultivo o cubiertas vegetales para preservar la fertilidad del suelo, se sustituye por un vago sistema de Farm Stewardship (custodia agraria). Deja así en manos de los Estados si aplican o no medidas cruciales para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
Al mismo tiempo, desaparece la obligación de destinar parte del presupuesto a los ecorregímenes o a intervenciones con objetivos climáticos y ambientales. Se trata de un retroceso inaceptable: no se puede garantizar seguridad alimentaria sin suelos fértiles, agua limpia y ecosistemas resilientes.
15 medidas urgentes para salvar la PAC
Frente a esta propuesta, más de 50 entidades sociales, agrarias y ambientales agrupadas en la Coalición Por Otra PAC hemos planteado 15 medidas clave que deberían guiar las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE. No se trata de soñar imposibles, sino de situar a la PAC en el lugar que le corresponde: motor de justicia social, de transición ecológica y de cohesión territorial.
En el plano económico, solicitamos mantener el presupuesto de la PAC y orientar las ayudas hacia quienes realmente las necesitan: explotaciones familiares, ganadería extensiva y modelos de alto valor ambiental y social. Es imprescindible eliminar los derechos históricos, conservar el pago redistributivo y acabar con subsidios perversos que dañan el medio natural.
Gobernanza, justicia y transición ecológica
En el ámbito social, pedimos reforzar la condicionalidad laboral, simplificar la burocracia sin reducir la ambición ambiental de la PAC, apoyar específicamente a mujeres rurales y garantizar el relevo generacional. Y todo ello desde una gobernanza participativa y transparente que dé voz a la sociedad civil y a los distintos territorios.
En lo ambiental, proponemos dedicar al menos la mitad del presupuesto a la adaptación y mitigación de la crisis climática y ecológica, reforzar la condicionalidad ambiental como base para recibir fondos públicos y acompañar a las explotaciones con asesoramiento técnico de calidad, público e independiente. Además, la PAC debe fijar objetivos claros de producción de alimentos sanos y sostenibles, y alinearse con otras políticas ambientales y de salud pública.
La Comisión Europea parece haber olvidado que el campo europeo se juega mucho más que la distribución de rentas: hablamos de la seguridad alimentaria futura, de la salud pública y del equilibrio de los territorios. Ignorar las advertencias científicas y sociales es condenar a la PAC a la irrelevancia en un momento histórico en el que debería ser parte de la solución.
La oportunidad de corregir el rumbo
La buena noticia es que aún hay margen. En los próximos meses, Parlamento y Consejo tienen la responsabilidad de corregir una propuesta insuficiente y devolver a la PAC el papel estratégico que merece. Europa necesita una política agraria que no sea rehén de inercias ni de intereses cortoplacistas, sino una herramienta justa, solidaria y alineada con la transición agroecológica.
No se trata de pedir lo imposible. Se trata de recordar que, sin agricultores y ganaderas sostenibles, no habrá alimentos; sin ecosistemas sanos, no habrá futuro. La PAC puede y debe estar al servicio de quienes alimentan y cuidan el territorio. La cuestión es si Europa tendrá la valentía política de escuchar esas voces.
Amaya Sánchez
Coordinadora de la Oficina Técnica de Por Otra PAC y de Políticas para Sistemas Alimentarios Sostenibles de WWF
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