Bruselas, 4 sep (EFE).- Las grandes organizaciones ecologistas representadas en Bruselas han arrancado el curso político cargando contra la agenda de simplificación y «desregulación» de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha relajado numerosas normas medioambientales acordadas la pasada legislatura, supeditando el medioambiente y el clima a la competitividad.
«No necesitamos menos reglas, necesitamos mejores reglas», resumió la experta de BirdLife Anouk Puymartin en una rueda de prensa convocada también por otras plataformas medioambientalistas como WWF, la Red de Acción Climática (CAN), Transport & Environment o el Buró Europeo del Medioambiente (EEB).
Critican el marcado cambio de rumbo de Von der Leyen en los últimos 18 meses respecto a su gestión política en los cinco años anteriores, tiempo en el que la Comisión ha flexibilizado las metas de recorte de CO2 para los coches, retrasado las normas contra la deforestación, rebajado la protección al lobo, aligerado la normativa agrícola y frenado las normas para frenar el lavado «verde» de imagen de las empresas.
Indican, además, que «la simplificación debilita la competitividad europea a largo plazo» y recuerdan que el Banco Central Europeo (BCE) estima que el coste de no aplicar las normativas medioambientales asciende al 1 % del PIB anual de la UE.
«No tenemos ninguna evidencia que sugiera que el lento crecimiento o la productividad menor de Europa en comparación con la economía estadounidense se deba a normas más onerosas para las empresas que las que existen en Estados Unidos», resume el profesor de Derecho de la UE y fundador de The Good Lobby, Alberto Alemanno, quien habla del «mito» de la «sobreregulación».
El académico recuerda que, entre 2019 y 2024, la Comisión dio prioridad política al Pacto Verde, cuyo objetivo era «lograr que Europa fuera climáticamente neutra en 2050 -un objetivo que sigue vigente-, al tiempo que protegía a las personas y al medioambiente y hacía competitiva la economía europea».
«Pero desde 2024 la Comisión ha desplazado su foco hacia la competitividad como argumento para apartarse de su enfoque regulador tradicional, y al hacerlo estuvo muy influenciada por el nuevo clima político, en particular por el Partido Popular Europeo (PPE), que afirmaba que, en definitiva, el lento crecimiento europeo en comparación con Estados Unidos se debía a unas normas más gravosas para las empresas que las que existen al otro lado del Atlántico».
Las numerosas simplificaciones acordadas por la actual Comisión Europea, que trabaja con un Parlamento Europeo y unos Estados miembros con menos sensibilidad medioambiental que en la pasada legislatura, se han acometido «sin evaluaciones de impacto adecuadas» y los ecologistas sostienen que los problemas no derivan de la abundancia de normas, sino de una implementación limitada de las mismas.
Uno de cada cinco procesos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra los Estados miembros está relacionado con políticas medioambientales, por lo que el problema deriva, según las organizaciones ecologistas, de la falta de implementación adecuada.
«Los Estados miembros no están implementando las normas (…) ¿Cómo saber que no funcionan si no se aplican?», lanza Puymartin, que añade que las leyes europeas ya suponen, en sí mismas, un ejercicio de simplificación y estandarización de las normas nacionales de los veintisiete países de la UE.
Las críticas se dirigen tanto al fondo como a la forma en la que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen se está llevando a cabo esa simplificación normativa que socava la protección al medioambiente y el crecimiento verde en favor de una mayor competitividad a corto plazo.
«La Comisión está abrumando a los responsables políticos y a las partes interesadas, dejando prácticamente sin tiempo para examinar, comprender e incluso, a veces, identificar las enmiendas a la legislación existente, y mucho menos para un debate público», lamenta la experta legal de Baldon Avocats Clementine Baldon.
«Vemos una presidencialización del poder», añade Alemanno, quien vincula esa forma de operar a debates geopolíticos como el pacto arancelario de Donald Trump y Von der Leyen, que acordaron un arancel fijo del 15 % a los productos de la UE que lleguen al mercado estadounidense, sin reciprocidad para los bienes exportados desde Estados Unidos.
«Es el precio que tiene que pagar la UE para garantizar el apoyo de EEUU a Ucrania, que no está garantizado, agrega el profesor sobre un «compromiso muy asimétrico» que «no sólo penaliza a la UE en los aranceles (…), sino que también la UE renuncia a su poder normativo».
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