Valeria López Peña
Madrid (EFEverde).– Cuando Alex Lucitante era niño, el río Aguarico corría limpio por la Amazonía ecuatoriana. Pero años de concesiones mineras en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y una nueva ley que busca orden e inversión han enturbiado esas aguas, en medio de críticas por -denuncian los ambientalistas- permitir militarización, privatización encubierta y la exclusión de poblaciones indígenas.
El Gobierno de Ecuador aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, que crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una entidad que gestionará estos territorios al margen del Ministerio de Ambiente. Si bien se argumentó su aprobación urgente por razones económicas, la ley ha sido duramente cuestionada por organizaciones indígenas, ambientales y juristas, quienes alertan sobre vacíos legales y conflictos con derechos colectivos reconocidos en la Constitución.
Militarización en territorios indígenas, entre la protección y la intimidación
Una de las críticas a la nueva legislación es la militarización. En palabras de Lucitante, líder indígena A’i Cofán y defensor de derechos humanos, “desconoce todo lo que hemos trabajado y luchado por muchos años”. Para él, la presencia de fuerzas armadas en zonas como Sinangoe no ha logrado frenar la minería ilegal y, en cambio, ha generado mayor tensión con las comunidades.
A Lucitante le preocupa el uso progresivo de la fuerza, ya que muchas veces llegan buscando grupos ilegales “mirándonos como si todos fuéramos cómplices, intimidando a las comunidades, saqueando casas, tratándonos como si todos fuéramos delincuentes, cuando nosotros hemos cuidado el territorio durante generaciones”, afirma a EFEverde, al recordar la intensificación militar tras la muerte de 11 soldados en Orellana a manos de una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, el pasado mayo.
La provincia de Orellana es vecina de Sucumbíos, donde está la Reserva Cofán Bermejo. Lucitante lideró una acción judicial en 2018 para detener 52 concesiones mineras allí. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente se negó a reconocer el reclamo al no contar con un título colectivo de propiedad, pese a que la comunidad cuenta con un convenio de co-manejo. Posteriormente, la Corte Constitucional anuló las concesiones y reconoció la titularización de Sinangoe, pero hasta hoy no se ha hecho efectiva.
Sumado al vínculo ancestral, uno de los argumentos clave para sentencias similares ha sido la superposición entre territorios indígenas y áreas protegidas. De 643 comunidades indígenas ubicadas en la Amazonía ecuatoriana, 402 se superponen en un 100 % con áreas protegidas, y hasta 480 comunidades tienen bloques de hidrocarburos en sus territorios, según el análisis geoespacial de ManchadosXelPetróleo.
Ecuador aprueba Ley de Áreas Protegidas con el correísmo en contra y rechazo de indígenas
Yasuní, los posibles riesgos de una privatización
Otro foco de preocupación es la posibilidad de privatización encubierta a través de contratos de co-administración con actores privados. Así lo señala David Fajardo, integrante del colectivo YASunidos, quien teme que esta puerta abierta facilite mercados de carbono, hidroeléctricas y actividades extractivas en zonas protegidas, sin mecanismos adecuados de consulta ni oposición.
“La Constitución prohíbe la privatización, pero permite la explotación de recursos en áreas protegidas si el presidente declara el interés nacional y la Asamblea lo ratifica. Así se autorizó entre 2013-2014 la extracción en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní”, explica Fajardo a EFEverde.
En 2023 YASunidos logró una consulta popular en la que casi el 60 % del electorado votó a favor de detener la extracción petrolera en el Bloque 43, una zona que contiene alrededor del 20 % de las reservas del país. Sin embargo, a dos años de las votaciones, aún hay pozos abiertos, aunque el plebiscito disponía de un año para detener la extracción.
El ministro de Energía argumentó que un cierre seguro necesitaría más tiempo. Pero Fajardo afirma que tampoco se han revocado las licencias ambientales ni iniciado el retiro de infraestructura, lo que, en su opinión, refleja “una falta de voluntad política”.
Aunque la Constitución prohíbe la privatización de áreas naturales, exige estudios de impacto ambiental y de consulta previa, el lenguaje ambigüo de la nueva ley, según los expertos, da pie a que privados con ciertos intereses incidan en la administración de áreas protegidas.
Una ley con vacíos, una lucha histórica por el territorio
En el fondo del debate está el reclamo por la titularidad colectiva de los territorios ancestrales. “Más que propiedad, lo que pedimos es seguridad jurídica. La posibilidad de decir: este es nuestro territorio, nadie puede venir sin consultarnos ni imponernos actividades extractivas”, explica José Acero, abogado en Amazon Frontlines, a EFEverde.
La ley, aunque menciona el respeto al artículo 57 de la Constitución (que reconoce los derechos territoriales colectivos), no establece mecanismos claros para garantizar títulos de propiedad a las comunidades que habitan dentro o alrededor de las áreas protegidas. En cambio, según Acero, se mantienen figuras como los convenios de co-manejo o las titulaciones individuales, que no reconocen propiedad colectiva ni plena autonomía ni mecanismos de control.
“Es difícil que un pueblo indígena obtenga un título sobre un territorio donde ya hay intereses económicos o concesiones en marcha”, dice Acero. Además, destaca que el artículo 6 de la ley permite solicitar apoyo militar o policial en casos de actividades ilegales, sin garantizar la concertación previa con las comunidades, como exige la Constitución.
Ante esta ambigüedad, resurge el reclamo por las titulaciones. “No se trata solo de tener papeles, sino de tener certeza de que no cualquiera puede venir a imponer algo desde fuera”, insiste Acero.
La ley está a la espera de determinar su reglamento (cómo será implementada) y enfrenta tres demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, entidad que recientemente suspendió artículos de otras leyes, como la de Inteligencia o la de Solidaridad Nacional. Decisión criticada por el presidente Daniel Noboa por “una interferencia de los jueces en la política gubernamental”, como declaró durante un reciente acto en Guayas.
Frenta a la encrucijada judicial, Lucitante propone diálogo: “Si el gobierno muestra buena fe y compromiso con los derechos humanos y ambientales, podríamos dialogar. Pero si solo se priorizan los intereses económicos, el deterioro ambiental no permitirá ni turismo ni desarrollo posible”.EFEverde
Te puede interesar:
Debajo de la tierra, encima de la gente: el costo humano de la actividad minera
La entrada La nueva ley de áreas protegidas en Ecuador en el punto de mira por militarización y exclusión indígena se publicó primero en EFEverde.
