Antonio Benítez Ostos, Socio – Director y Fundador de Administrativando Abogados, en el centro, flanqueado por David Muñoz, Asociado Senior y M. José Amo, Directora en la firma.
Los dos trabajadores del Servicio de informática del Senado despedidos han decidido llevar su caso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Esta acción legal tiene como objetivo impugnar el Acuerdo de la Mesa del Senado de fecha 22 de mayo de 2025, por el que se impuso a ambos empleados la sanción de despido, tras acusaciones de supuestos accesos no autorizados a portafirmas electrónicos de personal administrativo y técnico.
La defensa de los trabajadores está siendo liderada por el conocido despacho Administrativando Abogados, firma líder en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo en España.
Su socio director y fundador, Antonio Benítez Ostos, sostiene que el despido resulta ilegal por varios motivos. En primer lugar, porque la decisión de la Mesa se alejó de la propuesta del instructor del expediente disciplinario, que había planteado una suspensión de empleo y sueldo de tres meses, en lugar de la expulsión definitiva. En segundo lugar, porque dicha modificación no se sustentó en ningún hecho nuevo, ni en diligencias adicionales que pudieran justificar el cambio de criterio.
«Nos encontramos ante un procedimiento viciado desde su origen. Se vulneraron los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir cualquier actuación disciplinaria en el ámbito público», ha declarado Antonio Benítez Ostos.
En este sentido, considera que el despido no solo es desproporcionado, sino que también es nulo de pleno derecho.
El caso ha estado rodeado de controversia desde sus inicios.
Según la versión difundida en algunos medios de comunicación, se hablaba inicialmente de un supuesto «espionaje» a senadores.
Sin embargo, esta versión fue desmentida posteriormente por la propia Cámara Alta, que reconoció que no se había producido ningún hackeo masivo ni se habían vulnerado comunicaciones o documentos de los parlamentarios.
Los accesos, según se indicó, se limitaron a portafirmas de personal administrativo y técnico.
El recurso interpuesto ante el Supremo se fundamenta, entre otros alegatos, en que la sanción impuesta se basa en el artículo 33.4 a) del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado, que tipifica como falta muy grave el «fraude, la deslealtad y el abuso de confianza».
Sin embargo, la defensa considera que no se ha acreditado ningún comportamiento encuadrable en dicha categoría. De hecho, los trabajadores han sostenido desde el principio que no cometieron ninguna irregularidad.
Actualmente, el despacho está a la espera de que el Senado remita el expediente administrativo completo al Tribunal Supremo, para poder formalizar la demanda contencioso-administrativa y solicitar la nulidad del despido. De lograrse este objetivo, los trabajadores podrían ser readmitidos en sus puestos o, en su defecto, recibir una indemnización por despido improcedente.
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