-Por Mercedes Núñez Avilés-
A sus 84 años, este veterano abogado sigue en primera línea de batalla legal, enfrentándose a gigantes como el fondo buitre Blackstone para defender a inquilinos vulnerables. “La toga no se cuelga: me jubilarán mi cuerpo y mi mente”, sentencia. Con más de 300 casos activos, en su mayoría desahucios por expiración de contratos, denuncia la insensibilidad de muchos jueces, la pasividad legislativa y el drama social oculto tras cada lanzamiento.
¿Por qué sigue ejerciendo después de 60 años?
Por mi concepto de la justicia social. Veo injusticias todos los días y no puedo mirar hacia otro lado. Me llegan nuevos casos cada semana: personas desesperadas, atropelladas por el sistema, sin recursos ni esperanza. No puedo rechazarlos. Nunca les cobro la consulta. Es mi forma de devolver algo, mi servicio social. He visto de todo: familias enteras entregando las llaves entre lágrimas, madres con hijos menores, ancianos postrados, personas con enfermedades graves… y aun así, muchos jueces se niegan a detener los lanzamientos. Hay falta de sensibilidad jurídica. Las sentencias a menudo se limitan al formalismo más frío, como si la vida real no tuviera cabida en los juzgados.
¿Qué le llevó a especializarse en la defensa de desahuciados?
Mis defendidos son, en su mayoría, buenos pagadores. Eso es lo más indignante. No estamos hablando de personas que se niegan a pagar la renta, sino de familias que han sido víctimas de operaciones especulativas que nunca debieron permitirse. Lo que ocurre es que sus viviendas, públicas en su origen, fueron vendidas a fondos buitre cuando Ana Botella era alcaldesa. Aquello fue una operación infame. Desde entonces, esos fondos no han parado de echar a gente humilde de sus casas.
¿Qué le motivó a enfrentarse judicialmente a un fondo buitre como Blackstone?
Por honestidad y porque creo en lo que hago. Cuando me enfrenté judicialmente a este fondo buitre, supe que era una lucha de David contra Goliat. La otra parte recurrió a Garrigues, uno de los despachos más poderosos del país. Me han amenazado con acciones penales, con multas… pero yo he seguido.
En todos estos años de carrera, ¿recuerda algún otro caso que le impactara especialmente?
Defendí a un hombre magrebí en un proceso de desahucio. La jueza no me permitió explicaciones, ni conclusiones tras las pruebas. Dictó sentencia en 24 horas. La tenía ya hecha. Este tipo de actuaciones, por desgracia, son más frecuentes de lo que deberían. Uno de mis primeros casos fue el de un joven líder estudiantil, acusado ante el Tribunal de Orden Público por un delito de propaganda ilegal durante el franquismo. En aquel entonces, los abogados teníamos dos formas de encarar la defensa: desde una estrategia civilista o desde una posición de ruptura. Esta última implicaba una confrontación abierta con el régimen, y en su caso, era la única opción posible. No podíamos negar los hechos, así que optamos por la ruptura, aunque sabíamos que eso implicaría una condena. Y estuve detrás de que Rajoy declarara presencialmente en el caso Gürtel. Tuve que pelear cada detalle para que no se hiciera por videoconferencia ni desde Moncloa.
¿Qué cambios legislativos considera urgentes para proteger de forma efectiva a las familias vulnerables en estos casos?
La ley europea es clara: no se puede ejecutar un desahucio cuando hay menores y no hay alternativa habitacional. Lo dice el Comité de Derechos Económicos y Sociales Europeo, y lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero muchos jueces simplemente no quieren leer, ni escuchar. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una joven teleoperadora, con un trabajo precario, que vivía con su madre esquizofrénica y su abuela centenaria, postrada en cama. Los servicios sociales certificaron su situación de vulnerabilidad, y aun así, se ordenó su desahucio. ¿Cómo puede un juez firmar eso? Ni mente ni corazón. Lo mismo ocurre con una familia árabe: la madre con cáncer de mama, cuatro hijos menores… y el lanzamiento está acordado. ¿Cómo es posible?
¿Qué modificación le gustaría ver en la justicia española antes de colgar la toga?
Una justicia con alma, con conciencia social. Que los jueces dejaran de actuar como burócratas y comprendieran que la ley también puede ser herramienta de equidad. Que el artículo 47 de la Constitución, el que habla del derecho a disfrutar de una vivienda, se aplique de verdad. La justicia es lenta, pero segura. Además, necesitamos que sea justa.
¿Ha pensado alguna vez en jubilarse de verdad?
No me jubilo porque me necesitan. Seguiré luchando hasta que el cuerpo aguante. A veces, me siento prisionero de mis clientes… pero es una prisión elegida con gusto. Mientras pueda levantarme por la mañana y escuchar a alguien desesperado que necesita ayuda, ahí estaré. Un viejo amigo de mi padre me dijo que viviera los pleitos ganados como propios, y los perdidos como ajenos. Yo no he sabido hacer eso nunca. Vivo cada caso como si fuera mío.
Fuente: Abogacía.es
