Madrid, 22 jul (EFE).- Con 333 manadas en España, lejos de las 500 necesarias para su viabilidad genérica, la conservación del lobo ibérico (Canis lupus signatus) ha experimentado un cambio de rumbo legislativo en la Unión Europea (UE) y España que podría terminar este martes con un posicionamiento del Tribunal Constitucional (TC).
El alto tribunal debate este martes en su pleno si admite a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra algunos artículos de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, al considerar que tiene que ver con una «posible desactivación de la protección del lobo».
Cambios legislativos
Y es que, por mucho que el nombre de esta legislación no haga referencia a esta raza, denominada Canis lupus signatus, el PP introdujo una enmienda en el Senado al proyecto de ley con el apoyo de VOX, PNV y Junts para eliminar su protección especial al norte del Duero, lo que reabrió su caza.
El TC evalúa el recurso del Defensor del Pueblo contra la desprotección del lobo
El lobo ibérico era una especie protegida en toda España desde el 22 de septiembre de 2021, cuando entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), de la que esta enmienda lo sacaba en el caso de las poblaciones en la zona norte del Duero.
Esto ha abierto la puerta a planes como el de Asturias, Galicia -este último paralizado por la Justicia- o Cantabria para permitir la caza del lobo y que en esta última comunidad hayan sido abatidos 16 lobos.
Un cambio en la legislación española que se ha producido en paralelo a las modificaciones de la normativa comunitaria. En mayo, Bruselas comenzaba la tramitación para reducir la protección del lobo, que se hacía oficial un mes después, el 5 de junio de 2025.
Ese día, el Consejo de la UE adoptaba que su estatus pasara de «estrictamente protegido» a solo «protegido», tras la propuesta de la Comisión Europea (CE) y del Parlamento Europeo, que avaló el plan con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.
Concretamente, el estatus de protección del lobo pasó del Anexo II de la Directiva Hábitats, al Anexo III, en el cual, frente a la prohibición de cualquier forma de muerte o captura intencionada, permite algunas prácticas para «mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro», aunque los Estados miembros siguen teniendo la posibilidad de mantener un nivel de protección más alto.
A la espera del informe sexenal
Todo ello en un contexto en el que, además, se acerca la próxima revisión de los informes sexenales sobre el lobo ibérico en el marco de la Directiva Hábitats, que debe ser remitidos a Bruselas antes de que finalice el mes en curso pero, en el caso concreto del lobo, de momento no cuentan con una opinión unánime de ambos niveles de la administración pública.
El Gobierno mantiene que la situación del lobo es «desfavorable», mientras que las mayorías de las comunidades defienden que el estado es «favorable», lo que ha provocado, por el momento, la cancelación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente este martes.
De mantenerse la calificación del Gobierno, legamente quedaría muy limitada la posibilidad de caza, aunque desde Bruselas piden precaución a la espera de este informe.
Una polémica que no es nueva
El debate sobre la población del lobo, que tocó fondo en los años 70 del sigo pasado en España, no es nuevo. Por un lado, se encuentran los ganaderos y las conocidas como «comunidades loberas» (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), que cuentan con alrededor del 90 % de los ejemplares en España y han presionado política y judicialmente para que se permita cazar en el norte del Duero.
Por otro, las organizaciones ecologistas, que ya llenaron las calles el pasado 22 de junio para exigir la inmediata protección del lobo ibérico y el fin de su caza.
En medio, una especie que, según el nuevo censo nacional del lobo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica a finales de junio, contabiliza 333 manadas de esta especie, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, lo que supone un aumento del 12 % en la última década.
El Ejecutivo apuntó que el número se queda por debajo de las 500 manadas «que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo» y aseguró que el lobo «estaba en situación desfavorable y lo sigue estando».
Su protección, a los tribunales
Mientras continúa la pelea política, lo que sí se ha abierto ya es la vía judicial, con recursos como el del Defensor del Pueblo ante el Constitucional al considerar que la norma española podría vulnerar los artículos 45 -derecho al medio ambiente- y 21.1 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva-.
Una batalla judicial que no solo se libra a nivel estatal, sino también regional y comunitario. En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en 2024 que la Directiva europea «se opone a la legislación española que permitía la caza del lobo, ya que la especie estaba incluida en el anexo V y su estado de conservación está clasificado como ‘desfavorable deficiente'».
A nivel regional, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido cautelarmente la caza de esta especie y ha admitido a trámite otro recurso de varias organizaciones ecologistas contra la inclusión del lobo como especie cinegética.
Bruselas pide precaución a la espera del informe del estado de conservación del lobo en España
En la Rioja, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo en el que se piden medidas cautelares contra la caza del lobo.
Por su parte, en Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecologistas en Acción contra el auto que ya desestimó la suspensión cautelar del cupo de caza de ejemplares de lobo en la comunidad autónoma para la temporada 2025-2026.
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