Salvador González, presidente de la Abogacía Española; Lino López, abogado homenajeado y Carlos Enrique Viña, decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado en Lanzarote que la asistencia jurídica gratuita sea una cuestión de Estado y ha puesto en valor la labor de la abogacía en la asistencia letrada a los migrantes que llegan a Canarias.
“En un contexto marcado por la desigualdad social y económica, debería estar en la agenda de prioridades de nuestros poderes públicos”, afirmó González, en su intervención en un acto de homenaje en el Colegio de Lanzarote a dos letrados por sus 25 años de dedicación ejemplar al turno de oficio.
González hizo una férrea defensa del papel de la abogacía en el sistema de justicia gratuita e insistió en la urgencia de una nueva legislación de justicia gratuita. “Hablo de esa nueva Ley reguladora que, escuchando a la Abogacía, es inaplazable llevar al BOE cuanto antes”.
En su intervención, realizada la víspera del Día de la Justicia Gratuita, el presidente del Consejo denunció la precariedad del sistema actual, reclamando mejoras urgentes como la actualización de baremos, la garantía de pagos puntuales, una mayor especialización y cobertura territorial, y el reconocimiento de toda la labor del turno de oficio, incluida la fase de negociación previa al juicio. “Ni la justicia gratuita merece este trato, ni sus profesionales esta desconsideración continua a su labor. ¡Basta ya!”, exclamó.
También reconoció el trabajo de la abogacía en Canarias, a la que calificó de “ejemplo de sensibilidad y profesionalidad”, especialmente en la atención a personas migrantes, señalando que “no hablamos de simples datos, sino de personas”. “La asistencia letrada a esas personas que llegan buscando un futuro mejor no es una cuestión de caridad ni de solidaridad, es una cuestión de respeto a los derechos de las personas”, añadió.
González destacó que “es difícil encontrar en España un servicio público –como la justicia gratuita– que se preste con un índice tan elevado de satisfacción por sus usuarios”, y recordó que “un 93% de la población española conoce ya este servicio y sabe de este derecho que le asiste”. A pesar de ello, lamentó que los avances en esta materia solo se consigan “desde la protesta, el reproche y la exigencia permanente”.
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