Quito, 10 jul (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) aprobó este jueves la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas con 80 votos a favor, una sección del correísmo en contra (23 votos), el rechazo de organizaciones indígenas y con serias dudas entre ambientalistas, que mantienen su preocupación por la ambigüedad del texto.
La norma establece la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) para la administración de las reservas naturales del país con el objetivo, según el oficialismo, de asegurar la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas, la gestión sostenible de estas áreas y el desarrollo local.
El temor por la participación de empresas privadas era una de las principales inquietudes de la oposición y de los activistas, una teoría que fue descartada por los oficialistas durante el segundo debate del proyecto de ley.
La intervención privada
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto, Valentina Centeno, aseguró que en el texto queda taxativamente prohibida la participación de entidades privadas en áreas protegidas.
Centeno tildó las críticas de los correístas de «mitos» y defendió que la intención de la norma es impedir actividades que exploten recursos naturales en estos espacios.
El oficialista Diego Franco, vicepresidente de la misma comisión, declaró minutos antes del inicio del debate que la ley permitiría generar empleo como guardaparques entre los pueblos ubicados en estas áreas.
Críticas por déficit de guardaparques
«Hoy, un guardaparques tiene que proteger un área del tamaño de Quito. Estamos en déficit —hay en torno a 600 en todo el país—. Nadie como ellos (la gente de las comunidades) para cuidar sus áreas protegidas», declaró Franco.
Otro punto caliente del debate giró en torno a la presencia de policías y militares de las Fuerzas Armadas en el terreno, algo que, según Centeno, solo ocurrirá en caso de que se registren actividades ilícitas en estas áreas.
«Esperamos realmente que el Ejecutivo haya escuchado las demandas de la sociedad civil y que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenga un financiamiento adecuado e independiente», dijo el presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), Gustavo Redín, tras conocerse la aprobación.
Demandas indígenas y cuestionamientos constitucionales
«Nos preocupa la falta de estudios de impacto ambiental», continuó Redín, además de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas residentes en estas áreas.
Diversas organizaciones indígenas anticiparon que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, al considerar que la norma aprobada por el Legislativo incurre en violaciones a sus derechos y a la vida, tanto en el fondo como en la forma, y exigieron su anulación.
Para estos colectivos, la norma contradice diversos principios establecidos en la Constitución ecuatoriana de 2008, como el principio de no regresividad de derechos, los derechos de la naturaleza, el carácter plurinacional del Estado y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
«Desconoce la propiedad ancestral sobre territorios ancestrales, esenciales para la pervivencia física, cultural y espiritual de pueblos y nacionalidades, sobre los que unilateral e inconsultamente se superpusieron áreas protegidas y transfiere el poder normativo al Ejecutivo, sin control democrático ni participación vinculante», señalaron las organizaciones.
Tensión en el pleno
El caso de la presunta violación a una niña de 12 años por parte del excorreísta Santiago Díaz también tuvo cabida en el hemiciclo, donde la oficialista Nataly Morillo criticó duramente a la oposición por haber contado con él en sus filas y consultó a la presidenta de la Comisión de Infancia, Viviana Veloz (RC), cómo trataría el caso.
Veloz, con un tono de voz elevado y enfadada, defendió la decisión de su partido de expulsar a Díaz y reconoció haber sido víctima de abusos sexuales en su niñez.
Además, y durante el transcurso del debate, un grupo de asambleístas correístas decidió abandonar el pleno antes de que iniciaran las votaciones.
El encontronazo entre oficialismo y oposición se produjo apenas unas horas después de la renuncia a la bancada correísta de la asambleísta Jhajaira Urresta, quien perdió un ojo durante la ola de protestas de 2019, y que señaló a la líder de Revolución Ciudadana (RC) de llamarle «tuerta de mierda». EFE
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Fotografía: EFE/ Daniela Brik/ARCHIVO
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