La Cámara de Diputados de Chile aprueba la prescripción de deudas por aseo municipal a tres años de exigida.
La Cámara respaldó el proyecto destinado a favorecer a personas más vulnerables que poseen deudas por derechos de aseo domiciliario recaudado por los municipios.
En forma unánime, con 127 votos, la Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto que busca prescribir la deuda de los derechos de aseo domiciliario tres años después de exigida. La propuesta pasó a segundo trámite.
La propuesta modifica el decreto ley 3.063, de 1979, sobre rentas municipales. La reforma dispone que la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo domiciliario será declarada de oficio y sin más trámite para el deudor, transcurridos tres años, contados desde que la obligación se hizo exigible.
En los antecedentes de la moción, se indica que cada municipalidad decide a quién exime del pago del cobro de aseo domiciliario. Ello genera una discriminación en las personas que viven en distintas comunas, dependiendo del criterio del municipio.
Hoy, las administraciones municipales no tienen las atribuciones para declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal. Por ello, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte.
Debate por derechos de aseo
A juicio de las y los parlamentarios, la deuda de derechos de aseo afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, con la prescripción de oficio de las deudas por derechos de aseo, luego de tres años de exigida, se alivia la carga económica, principalmente, de las personas mayores. Se trata de vecinos que deben, muchas veces, montos incobrables, porque no fueron informados por los municipios.
Al respecto, consideran que la medida es justa, necesaria, urgente y entrega dignidad y alivio a las personas más necesitadas.
Sin embargo, hubo quienes consideran que la medida incide en la administración financiera del Estado, por lo que el proyecto debería tener el patrocinio del Ejecutivo para avanzar.
Por otra parte, algunos propusieron cambios durante su tramitación. Estimaron que no se hace diferencia entre viviendas particulares y locales comerciales. Esto, consideraron, puede ocasionar que grandes establecimientos eludan sus obligaciones.
Finalmente, parlamentarios pidieron que, luego de este debate, los municipios avancen en la promoción del reciclaje y compostaje.
