Madrid, 8 jul (EFE).- La equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina es uno de los compromisos del ámbito medioambiental que España pactó con Bruselas para recibir el quinto desembolso de los fondos europeos y que ahora le ha dejado sin cobrar 460 millones de euros.
La Comisión Europea (CE) dio este lunes luz verde al desembolso del quinto pago del fondo de recuperación a España, una cuantía que redujo en unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan.
De esta cifra, el Ejecutivo comunitario descontó unos 460 millones por no haber aprobado el impuesto sobre el diésel, uno de los 84 compromisos que formaban parte de este quinto desembolso de los fondos europeos, vinculados a los hitos del plan de recuperación.
Concretamente, este hito exige a España la adopción de reformas en «ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo».
Pero, ¿qué es este impuesto?
El gasóleo ha resultado más barato en España no solo porque su proceso de refinado es mucho más sencillo, sino también porque cuenta en la actualidad con un trato fiscal más favorable que el de la gasolina.
Un modelo que el Gobierno quiere corregir a través de la subida en 9,37 céntimos por litro del impuesto de hidrocarburos que paga el primer combustible, según la enmienda que el PSOE presentó el pasado diciembre a la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales.
Así, el tipo general del impuesto de hidrocarburos pasaría de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros para equipararlo al de la gasolina.
Mediante esta propuesta, el gasóleo de automoción pagaría en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47269 euros por litro (0,40069 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial), igual que la gasolina, en lugar de los 0,379 euros por litro actuales (0,307 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial).
Encallado en el Parlamento
Una propuesta que, sin embargo, se ha dado de bruces con la política española. Ya en 2020, el Gobierno intentó introducirlo en los Presupuestos de 2021, pero se encontró con el rechazo del PNV.
Posteriormente, el partido socialista introdujo el pasado noviembre una enmienda al paquete fiscal del Gobierno, pero fue tumbada con el voto en contra de Vox, el Partido Popular y también de Podemos, que ligó su voto favorable a aprobar un impuesto permanente para las grandes empresas.
Desde entonces, el Gobierno ha intentado sin éxito sacar adelante la equiparación de estos carburantes e incluso consiguió una prórroga de tres semanas para cumplir con todos los hitos y objetivos que formaban parte del quinto pago del plan de recuperación, algo que finalmente no ha conseguido.
Moderar las emisiones de gases de efecto invernadero
El incremento de los tipos impositivos al diésel es una medida que permite «internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes y, en la medida de lo posible, contribuye a moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, al cumplimiento de los compromisos europeos en materia medioambiental», según justificaba el PSOE el pasado noviembre la medida.
De hecho, la transformación ecológica es uno de los cuatro ejes principales del Plan de Recuperación, que centra parte de sus inversiones en diversas áreas de la movilidad, como la instalación de puntos de recarga y la adquisición de vehículos eléctricos.
Unos objetivos en línea con los de la Unión Europea (UE), que quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % hasta 2030 y que ha prohibido la venta de vehículos nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035.
En este sentido, la UE calcula que los coches y las furgonetas son responsables de alrededor del 15 % de las emisiones totales de dióxido de carbono, con los primeros vehículos como los principales culpables.
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