Comisión de Salud estudia la situación de violencia que enfrenta la Atención Primaria de Salud (APS), la que se ha venido agravando en los últimos meses.
Mientras los ministerios de salud y seguridad pública explicaron la estrategia en ejecución, los dirigentes apuntaron a la efectividad de dichas medidas asegurando que “si ocurre un nuevo ataque, paralizaremos las funciones”.
En la instancia, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), Gabriela Flores detalló la seguidilla de ataques de los que han sido víctimas trabajadores de distintos centros como en el trayecto a otros recintos. A su vez, demandó ser considerados en las instancias de participación que considera la estrategia de seguridad en salud y cuestionó la actitud del Ejecutivo que calificó como “desconectada” de la realidad.
Desde el ministerio de Seguridad Pública explicaron que “se ha diseñado una estrategia que considera a los gremios, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y las seremis con énfasis en la intervención de resguardo policial, el fomento de las denuncias, la protección de los establecimientos de salud, el mejoramiento del entorno y la promoción del buen trato de funcionarios”.
La autoridad detalló que existen 127 centros de atención primaria priorizados y 193 hospitales, de los cuales 9 centros en calidad de riesgo extremo (4 con carabineros de punto fijo o vigilancia policial) y 46 hospitales en la misma condición (30 con punto fijo y 16 con vigilancia especial).
A la hora de hacer un balance, los subsecretarios Collado y Martorell aseguraron que en todas las regiones hay mesas operativas, se han realizado capacitaciones a funcionarios, marchas exploratorias del entorno y se está diseñando una compaña comunicacional de buen trato usuario.
“Hemos puesto énfasis en aprender a realizar denuncias porque hacerlo de manera correcta facilita la investigación. De hecho, estamos reformulando el registro de denuncias, se va a lanzar un nuevo sistema. Tomando el caso de Ercilla, estamos mejorando el protocolo de resguardo de trayecto en visita rural”, comentaron.
En contraposición, la dirigente de la APS planteó que “hace más de una década venimos denunciando esta situación, pero ahora vemos mayor inseguridad en las zonas rurales más aisladas y las urbanas más vulnerables. Tuvimos en esta Comisión, una sesión previa el 12 de mayo, en la que denunciamos una falta de respuesta real del Estado que nos habla de coordinación, pero una visión desconectada de la realidad”.
En la misma línea, detalló indicando que “vemos que las mesas que se instalan no cambian la realidad. Se habla de las capacitaciones, pero se invitan a los jefes porque los trabajadores tienen miedo a denunciar, entonces debe estar un dirigente en esas instancias. Necesitamos saber el real estado de avance del plan, qué ha pasado con la priorización de los 126 centros de salud porque se habla de carabineros de punto fijo que no han estado”.
Gabriela Flores insistió en que “necesitamos que se nos considere en la discusión del proyecto de infraestructura crítica y se entienda que los consultorios, Samus, Sapus, Cesfam son infraestructura crítica (…) No se puede seguir tratando a la seguridad en salud como un plan piloto (…) Si ocurre una nueva agresión, pararemos la APS de Arica a Magallanes”.
Fuente: Senado de Chile
