El Consell de l’Advocacia Catalana ha firmado su adhesión al Pacto Nacional por la Lengua, un acuerdo transversal impulsado por el Govern con el objetivo de garantizar e impulsar el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad. El Consell celebra especialmente los compromisos adquiridos en el ámbito de la justicia, uno de los sectores donde los derechos lingüísticos todavía chocan con obstáculos de carácter estructural. La adhesión se ha formalizado hoy en un acto que se ha celebrado en el Institut d’Estudis Catalans y que ha sido encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
El Pacto recoge históricas reivindicaciones de la Abogacía Catalana, como la necesidad de que todo el personal que presta servicio al público en la Administración de Justicia en Catalunya acredite el conocimiento de la lengua catalana, así como la modificación de las leyes estatales para que este requisito sea también exigible a jueces y fiscales. Esto debe poner fin a situaciones tan anómalas como el hecho de que una parte importante del personal interino que atiende a ciudadanía y profesionales en las oficinas judiciales no entienda el catalán, lo que vulnera los derechos lingüísticos y puede entorpecer el normal funcionamiento de los juzgados.
Además, el Pacto contempla la ampliación del convenio entre el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica y el Consell para promover el uso del catalán en el turno de oficio. También se establecen medidas para garantizar que los cuerpos y fuerzas de seguridad desplegados en Catalunya respeten el derecho de opción lingüística de ciudadanos y abogados, así como el compromiso para que los registros electrónicos centralizados de organismos del Estado -como el INSS, la AEAT o el Ministerio de Justicia- estén plenamente disponibles en catalán.
El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez, ha destacado que «con la adhesión al Pacto, la Abogacía reafirma su compromiso con los derechos lingüísticos de la ciudadanía porque no puede haber justicia plena si una parte de la población no puede expresarse con normalidad en su lengua propia ante los tribunales». Sin embargo, Martínez considera que «si queremos que el Pacto sea realmente efectivo, a partir de ahora nos toca pasar de la retórica a la ejecución de los acuerdos firmados».
Medida imprescindible
Por su parte, el el vicepresident del Consell y responsable de la Comisión de Lengua, David Casellas, valora muy positivamente que «un acuerdo institucional de esta magnitud reconozca explícitamente que el conocimiento del catalán debe ser un requisito para acceder a puestos de trabajo públicos vinculados a la Administración de Justicia» y considera que «es una medida imprescindible para hacer efectivo el derecho de opción e a la ciudadanía”.
Con esta adhesión, el Consell de l’Advocacia Catalana reafirma su apuesta por un sistema judicial arraigado en el territorio, que garantice la igualdad de derechos y el reconocimiento efectivo del catalán como lengua oficial y propia del país.
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