La confianza en el derecho y la justicia, gravemente erosionada en los últimos años, sólo podrá recuperarse mediante un esfuerzo colectivo que combine una nueva cultura jurídica basada en valores éticos y humanistas con una regulación inteligente y democrática de la tecnología. Ésta es la principal conclusión de la jornada “Renovar la confianza en el derecho”, celebrada en el CCCB e impulsada por el
Consell de l’Advocacia Catalana y la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. El acto reunió a una treintena de expertos y representantes institucionales del mundo jurídico, académico y comunicativo.
Durante la jornada se coincidió en que la renovación de la confianza en el derecho no sólo es posible, sino imprescindible. Ante un mundo acelerado por la tecnología y tensado por la desinformación, se apostó por recuperar el sentido profundo del derecho como garante del interés general, como espacio de protección y como herramienta al servicio de las personas.
Por eso, se insistió en la idea de repensar la función del derecho desde la ética, la ejemplaridad y el compromiso social; es necesario dotar a los profesionales jurídicos de formación crítica y recursos; y es necesario construir marcos normativos que pongan límites a los riesgos digitales sin renunciar a las oportunidades. En la mayoría de intervenciones se coincidió en que sólo así podrá reforzarse la legitimidad de las instituciones y hacer del derecho un verdadero pilar de convivencia, equidad y democracia.
Diagnóstico compartido
La jornada se abrió con un diagnóstico compartido del estado de la confianza ciudadana en la justicia y el derecho. Intervinieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez, y el presidente de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Francesc Tusquets. Los tres coincidieron en la necesidad de recuperar la función cohesionadora del derecho como garante de la convivencia y el interés común.
El presidente Illa destacó el compromiso del Govern por invertir en la mejora del sistema judicial mientras que los tres subrayaron la importancia de abrir espacios de diálogo entre operadores jurídicos y otras disciplinas como el periodismo o la filosofía para romper las barreras que separan el derecho de la ciudadanía.
Pedagogía y ejemplaridad
Por su parte, el filósofo y presidente del Consell de l’Educació de Catalunya, Juan Manuel del Pozo, ofreció una ponencia marco en la que trazó una genealogía del concepto de confianza desde la filosofía clásica hasta la fecha. Según Del Pozo, la desconfianza actual sólo puede revertirse con pedagogía y ejemplaridad, y la “ingenuidad bien entendida” puede ser un motor de cambio positivo. “Cuanto más cercano es el derecho al poder, menos confianza genera”, advirtió, reclamando un derecho al servicio de las personas y no del poder.
El profesor recordó que la confianza es la piedra angular de la convivencia y que los operadores jurídicos son un servicio esencial para la democracia. En su intervención, reivindicó también el concepto de buena fe como fundamento de la justicia y defendió que es necesario recuperar la dimensión ética del derecho para hacerlo comprensible, cercano y útil.
El futuro de las profesiones jurídicas
La primera mesa redonda, dedicada al futuro de las profesiones jurídicas y su impacto social, puso de relieve la necesidad de una reforma integral del sistema que incluya formación, recursos y cambios organizativos. Intervinieron representantes del ámbito universitario, judicial y de diversas profesiones jurídicas (abogacía, notariado, fiscalía, procura, graduados sociales y abogacía del Estado).
Entre las conclusiones más destacadas:
- La universidad debe recuperar su misión crítica y formadora de ciudadanos comprometidos, y no sólo de profesionales técnicos.
- Los registradores y notarios reivindicaron su papel como garantes de la seguridad jurídica preventiva.
- La abogacía fue reconocida como pilar esencial para garantizar el estado de derecho y los derechos de las personas más vulnerables. Se reclamó financiación para hacer efectivas las reformas legislativas.
- El Ministerio Fiscal expuso los retos del futuro modelo de instrucción penal y la necesidad de diversificar sus funciones.
- Desde el TSJC se alertó de la sobrecarga judicial y la falta de tiempo para estudiar a fondo los casos, reivindicando la calidad en la toma de decisiones y la personalización de la justicia.
- Los procuradores pusieron en valor su papel de representación procesal, pidiendo un mayor reconocimiento social.
- Los graduados sociales advirtieron de la pérdida de referentes jurídicos en el ámbito laboral y de la necesidad de gestionar los incipientes conflictos.
- La abogacía del Estado alertó del crecimiento exponencial de la actividad y la necesidad de especialización, captación de talento e incorporación tecnológica.
En conjunto, se concluyó que «no es necesario ser ni optimistas ni pesimistas, sino responsables», y que cada operador jurídico debe actuar con diligencia para preservar el interés común.
El derecho en la era digital
La segunda parte de la jornada se centró en los retos que la inteligencia artificial y la desinformación representan para el derecho y la democracia.
En cuanto a la IA, se destacó que:
- Puede generar riesgos graves para los derechos fundamentales, especialmente de las personas vulnerables.
- Puede aumentar el cibercrimen y la manipulación de datos.
- No todo lo técnicamente posible es jurídica ni éticamente admisible: es necesario un debate social previo.
- Nunca puede sustituir el juicio humano: sólo puede ser una herramienta auxiliar.
- Su uso debe ser regulado, transparente y bajo control democrático.
Respecto a las fake news, se señaló que:
- La desinformación no es nueva, pero la IA la hace más peligrosa y efectiva.
- Los algoritmos crean burbujas informativas que reducen el pensamiento crítico.
- Verificar es más difícil que mentir y la verdad cuesta más viralizar.
- Las soluciones pasan por la autorregulación, la alfabetización digital y una legislación adecuada.
En conjunto, los ponentes alertaron de que el sistema comunicativo actual, combinado con la tecnología, puede convertirse en una amenaza real para los fundamentos de la democracia, si no se controla adecuadamente.
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