En un reciente fallo judicial, se ha condenado a Caixabank al pago de 49.680 euros más intereses legales por viviendas no entregadas por parte de una promotora determinado que los demandantes no poseían ninguna vivienda en propiedad, ni en alquiler, en su localidad de residencia, La Alberca, ni en ninguna otra. Además, se constató que los demandantes no se dedican a actividades económicas de carácter inmobiliario, ni tienen historial de declaraciones de IVA o de actividades económicas. Esto se deriva de los documentos presentados en el marco del proceso judicial, los cuales confirman que no se ha percibido rendimiento alguno relacionado con bienes inmuebles.
El tribunal también destacó que la compra de dos viviendas por parte de los demandantes, que no poseían ninguna en propiedad, no puede considerarse como una acción con fines especulativos o de inversión. En su lugar, se concluyó que la adquisición de estas viviendas responde a una decisión personal, motivada por la necesidad de encontrar un hogar adecuado. Es importante señalar que, a pesar de que los demandantes residían temporalmente en La Alberca, no tenían ningún vínculo previo con la localidad de Campos del Río, lo que refuerza la hipótesis de que no existía un propósito de inversión. La distancia relativamente corta entre ambos lugares (17 minutos en coche desde La Alberca hasta Murcia y 25 minutos hasta Campos del Río) también apoya esta conclusión.
Se subrayó que la entidad Caixabank debe asumir la responsabilidad por la emisión de avales, la concertación de pólizas colectivas de seguro o aval, y la admisión de ingresos sin exigir la apertura de una cuenta especial con la correspondiente garantía. La jurisprudencia del Tribunal Supremo reafirma que, incluso en ausencia de un certificado individual entregado a los compradores, las entidades bancarias son responsables de la devolución de los pagos adelantados en caso de incumplimiento por parte del promotor.
Magdalena Rico Palao, abogada que ha representado a los consumidores en este caso, señala que con esta nueva sentencia, los bancos continúan sumando derrotas en los tribunales, mientras que miles de afectados encuentran en la justicia una oportunidad para revertir los efectos de estos casos.
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