Madrid, 18 mar (EFEverde).- El Gobierno ha aprobado el real decreto por el que se crea el registro español de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 y en el que se fija la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para un conjunto de empresas, así como de todas las instituciones de la Administración general del Estado.
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y establece para estos colectivos la obligación del cálculo de la huella de carbono y la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado el real decreto como un nuevo «paso que se suma a los muchos esfuerzos» de los últimos años del Gobierno en la lucha contra el cambio climático.
Ha aprovechado para referirse al cambio climático como «una realidad científica respaldada por la comunidad internacional», tras criticar a los que se dedican a «ignorar el cambio climático» porque «es irresponsable», ha dicho, para el futuro de la sociedad y también para el presente.
La lucha climática «no es dogmatismo, sino actuar desde la responsabilidad buscando la máxima seguridad de los ciudadanos», ha añadido la ministra.
El real decreto de forma de novedosa obliga a calcular anualmente la huella de carbono y establecer un plan de reducción de las emisiones dirigidas a dos colectivos.
Por un lado, se dirige a empresas que formulen cuentas consolidadas y sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y se consideren entidades de interés público o bien, cumplan la condición para ser considerada gran empresa.
Además incorpora a la administración; los departamentos ministeriales de la Administración del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público administrativo estatal deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización según los requisitos establecidos en este real decreto.
En el caso del sector público, la obligación de la Administración del Estado es inscribir la huella en el registro del Ministerio; en el caso de las empresas, aunque pueden inscribirse voluntariamente en el registro, tienen que aportar una serie de información. En todo caso se establecen los mecanismos para facilitar su registro de manera voluntaria.
El real decreto «da continuidad» al registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en funcionamiento desde 2014.
A día de hoy, el mismo cuenta con 14.250 huellas de carbono inscritas y 23.348 hectáreas de superficie repoblada.
Tras varios años de funcionamiento de dicho registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, se ha considerado oportuno ampliar su alcance, según la ministra.
La idea es dar cabida a nuevas tipologías de proyectos de absorción y a las huellas de carbono de evento, además de introducir aclaraciones adicionales que permitan mejorar su funcionamiento.
Asimismo, establecer requisitos adicionales de participación que completen los existentes, introducir mejoras en la tramitación y reforzar la coordinación con los registros equivalentes autonómicos.
El registro recoge «los esfuerzos» de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad, según el Gobierno.
A su vez, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono, mediante una serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional, que integran numerosos beneficios ambientales y sociales, como la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. EFE
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