Por Begoña Mollá, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia
La lucha por la igualdad de género ha sido, y sigue siendo, un camino complejo, lleno de avances significativos, pero también de obstáculos difíciles de sortear. En el ámbito jurídico, donde la precisión y el rigor son pilares fundamentales, no podemos ignorar que la polarización social marca una huella y genera tensiones que pueden frenar el progreso en la consecución de la igualdad real. Cuando las sociedades se dividen en extremos, a menudo se dificulta el diálogo y la colaboración necesaria para abordar problemas complejos como la desigualdad.
Históricamente, el derecho ha sido una de las herramientas más poderosas para garantizar la igualdad. Reformas legislativas, pronunciamientos judiciales y el propio ejercicio de la profesión han sido clave para consolidar derechos que, hace décadas, parecían inalcanzables. Sin embargo, en los últimos años, la polarización ha impregnado el debate público, y el ámbito jurídico no ha sido ajeno a esta tendencia. En ocasiones, se percibe una instrumentalización de los principios de igualdad con fines partidistas, lo que dificulta alcanzar consensos sólidos y duraderos.
La igualdad no es patrimonio de una ideología, ni debería estar sometida a vaivenes políticos. Es una cuestión de justicia y equidad que debe ser abordada con un enfoque técnico, serio y comprometido. Los profesionales del derecho tenemos la responsabilidad de contribuir a este avance desde la imparcialidad y el respeto al marco normativo, asegurando que las conquistas logradas no se vean comprometidas por debates estériles o enfrentamientos innecesarios.
En este contexto, los procuradores desempeñamos un papel fundamental en el engranaje de la justicia: aseguramos la agilidad procesal y garantizamos el derecho de defensa de la ciudadanía. Somos el nexo imprescindible entre los tribunales y las partes, facilitamos el acceso a la justicia y contribuimos a que el sistema funcione de manera eficaz y equitativa. En nuestra labor diaria hemos sido testigos de cómo las desigualdades pueden manifestarse en distintas facetas del proceso judicial, desde la dificultad de muchas mujeres para litigar en igualdad de condiciones hasta la necesidad de seguir avanzando en la paridad dentro de la propia profesión.
Además, es imprescindible reconocer que aún queda mucho por hacer. La representación femenina en la judicatura y en otros ámbitos del derecho ha crecido, pero persisten barreras invisibles que dificultan el acceso a posiciones de mayor responsabilidad. La conciliación sigue siendo un reto y los prejuicios, aunque más sutiles, no han desaparecido del todo. Todo esto exige un compromiso firme, más allá de discursos y declaraciones, para generar cambios estructurales que garanticen un verdadero equilibrio.
El papel de los procuradores también ha evolucionado con el tiempo y se ha adaptado a los cambios normativos y sociales. Las mujeres procuradoras han conquistado espacios que antes les estaban vedados, demostrando su valía en una profesión que exige rigor, compromiso y un conocimiento profundo del derecho procesal. Sin embargo, todavía nos enfrentamos a desafíos que requieren un esfuerzo conjunto para lograr una verdadera igualdad de oportunidades.
La polarización actual no solo afecta al debate jurídico, sino que también puede generar una parálisis en la toma de decisiones clave para avanzar en materia de igualdad. Si permitimos que el enfrentamiento sustituya al diálogo, corremos el riesgo de perpetuar situaciones de injusticia en lugar de resolverlas. La igualdad no puede ser un arma arrojadiza en el debate político, sino un objetivo común que debe unirnos en la construcción de una sociedad más justa.
La persistencia de este clima puede obstaculizar el progreso y fomentar la división, aunque también puede servir como un impulso para la movilización y la visibilidad de la causa. Es fundamental que, como sociedad, trabajemos para mitigar los efectos negativos de la polarización y fomentar un diálogo constructivo que promueva la igualdad de género. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más equitativo para todas las mujeres.
En este 8 de marzo, es necesario reivindicar una visión de la igualdad que trascienda la polarización. Desde el derecho, podemos y debemos contribuir a ello y promover un debate sereno y constructivo, basado en principios jurídicos sólidos y en el reconocimiento de que la igualdad no es una concesión, sino un derecho fundamental. Sólo así podremos seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde la justicia sea verdaderamente igual para todos y todas.
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