Una investigación de Civio, organización periodística sin ánimo de lucro que investiga lo público, revela que las prisiones españolas usan un algoritmo desarrollado en 1993 y sin actualizar desde entonces, para evaluar la concesión de permisos de salida de prisión. Creada tras el crimen de Alcàsser con el objetivo de proporcionar un marco predictivo de reincidencia, la Tabla de Variables de Riesgo (TVR) continúa aplicándose prácticamente sin modificaciones a pesar de los cambios en la población reclusa y en la legislación penal en estas tres décadas.
En 2024, más de 200 resoluciones judiciales de 19 audiencias provinciales examinadas por Civio mencionan el resultado de la TVR, en la gran mayoría de los casos, el 80%, para justificar la negativa al permiso. Expertos en derecho penal, psicología penitenciaria y reinserción social consultados durante la investigación advierten de que la TVR arrastra sesgos desde su creación y necesita, por tanto, ser actualizada. Pese de la importancia que se otorga a la TVR en la toma de decisiones, Instituciones Penitenciarias ha confirmado a Civio que no existe ningún plan para su revisión o actualización.
Sesgos discriminatorios en la evaluación del riesgo penitenciario
La investigación de Civio sobre la fórmula de la TVR, y sobre cómo pondera cada uno de los factores de riesgo que sopesa, apunta a una posible discriminación sistémica, que los expertos consultados confirman. Los presos extranjeros no comunitarios sin arraigo en España parten del riesgo máximo automáticamente, sin considerar otros factores. Esto es por juristas y expertos penitenciarios, quienes denuncian que esta herramienta condiciona las decisiones de jueces y fiscales obstaculizando el acceso equitativo a los permisos penitenciarios.
La fórmula de la TVR también penaliza a quienes no cuentan con apoyo familiar o cuya residencia está lejos del centro penitenciario. Esta situación afecta especialmente a presos de regiones alejadas de los grandes centros penitenciarios y a mujeres, cuya representación en la muestra original del estudio fue mínima. De las cerca de 1.500 personas presas de la muestra que se usó para diseñar el algoritmo, solo 62 eran mujeres.
Impacto en las decisiones judiciales
La TVR influye tanto en las juntas de tratamiento como en las decisiones judiciales. De las 250 resoluciones de audiencias provinciales publicadas en 2024 por el Centro de Documentación Judicial que mencionan este algoritmo, 206 mencionaron directamente la TVR para decidir sobre permisos de salida, resultando en la denegación del permiso en 169 casos. En 37 de ellos, los tribunales se apoyaron en la TVR para contradecir las recomendaciones de las juntas de tratamiento penitenciario. Algunos tribunales han
denegado permisos incluso cuando la TVR indicaba un riesgo «normal», argumentando que este nivel era «no asumible».
Sin actualización ni supervisión
A pesar de la importancia que se otorga a la TVR en la toma de decisiones, Instituciones Penitenciarias ha confirmado a Civio que no existe ningún plan para su revisión o actualización. Expertos en derecho penal, psicología penitenciaria y reinserción social consultados por Civio coinciden en que la TVR no refleja adecuadamente la realidad actual de la población reclusa y urgen a su actualización. Desde su creación, la única modificación realizada fue la inclusión del delito de violencia de género y de las resoluciones de expulsión administrativa o judicial en la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (CCP), que acompaña a la TVR en la evaluación de riesgos.
El propio Miguel Clemente, psicólogo que desarrolló la TVR en 1993, ha expresado a Civio su preocupación por la falta de actualización: «Debería haberse fijado un plan de evaluación y actualización constante de la herramienta, pero no tengo constancia de que se haya hecho. A día de hoy no he vuelto a saber nada, lo cual me parece grave».
Contra las decisiones automatizadas opacas
Esta investigación se enmarca en el trabajo de Civio para exigir transparencia en el funcionamiento de los sistemas de decisión automatizada que usa la administración en ámbitos como la justicia, la sanidad, el empleo o la fiscalidad. Actualmente, Civio mantiene una procedimiento legal pionero en el Tribunal Supremo para que el código fuente de BOSCO, la aplicación informática que se usa para determinar quién tiene acceso al bono social eléctrico, sea público. Lo hace tras demostrar, en 2019, que BOSCO había sido diseñado con errores que dejaban fuera a personas vulnerables con derecho a la ayuda.
