Ariel Wolfenson Rivas, Socio Principal Wolfenson Abogados
El nuevo sistema previsional en Chile, anunciado recientemente, representa un cambio significativo en el modelo de pensiones del país. Desde una perspectiva jurídica, este cambio tiene implicancias en varios ámbitos, entre ellos el derecho a la seguridad social, el marco constitucional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. En esta columna, se abordarán las principales consecuencias legales de esta reforma.
El derecho a la seguridad social está consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de Chile y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La reforma plantea una estructura híbrida que combina un pilar de ahorro individual con un componente solidario financiado por el Estado y aportes de empleadores. Desde un punto de vista jurídico, esto responde a la obligación del Estado de garantizar un nivel de vida adecuado para las personas jubiladas, como lo estipula el artículo 9 del pacto.
No obstante, surgen interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema. La incorporación de un pilar solidario requiere garantizar ingresos fiscales suficientes y estables a largo plazo. En este contexto, es fundamental que la ley que implementa el sistema establezca mecanismos claros de financiamiento y contemple una evaluación periódica de su sostenibilidad.
El nuevo sistema previsional también debe ser evaluado bajo el prisma de la actual Constitución y de los principios establecidos en el proceso de reforma constitucional en curso. Cualquier alteración a los derechos adquiridos o a las expectativas lícitas de los cotizantes actuales podría dar lugar a controversias legales basadas en el principio de irretroactividad de la ley y el derecho a la propiedad (artículo 19 N° 24 de la Constitución).
Además, la implementación de un pilar solidario financiado por los empleadores plantea un desafío en cuanto a la carga que esto podría implicar para las pequeñas y medianas empresas. Es crucial que la legislación contemple incentivos o mecanismos de transición que mitiguen este impacto, garantizando así la proporcionalidad de la medida.
El sistema previsional es una herramienta clave para garantizar derechos humanos fundamentales, como el derecho a un estándar de vida adecuado y la protección contra la pobreza en la vejez. La incorporación de un componente solidario es consistente con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que ha instado a los Estados a fortalecer los sistemas de seguridad social para que sean universales, adecuados y sostenibles.
Sin embargo, el diseño del sistema debe garantizar que no se generen desigualdades adicionales. Por ejemplo, es fundamental que el sistema reconozca las diferencias de género en la vida laboral y en las expectativas de pensiones. En Chile, las mujeres enfrentan brechas salariales y de cotización que se traducen en menores pensiones. Un sistema que no aborde esta desigualdad podría ser cuestionado por discriminar indirectamente a las mujeres, contraviniendo lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Uno de los aspectos críticos de la reforma es la transición desde el sistema actual al nuevo modelo. Esto implica coordinar a múltiples actores, desde administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta empleadores y organismos estatales. Para evitar vacíos legales o administrativos, es esencial contar con una normativa secundaria clara y precisa, así como con mecanismos efectivos de supervisión.
La transparencia también jugará un rol clave. Los cotizantes deben tener acceso a información clara y oportuna sobre cómo se calcularán sus beneficios y cómo se manejarán sus ahorros previsionales. La falta de claridad podría dar lugar a conflictos legales o a una pérdida de confianza en el sistema.
A modo de conclusión, el nuevo sistema previsional en Chile podría ser una oportunidad para avanzar hacia un modelo más justo y equitativo, alineado con los principios del derecho a la seguridad social y las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar su sostenibilidad, evitar desigualdades y ofrecer un marco legal claro que respete los derechos de todos los involucrados.
Desde una perspectiva jurídica, es crucial que la implementación del sistema sea monitoreada de cerca para asegurar que cumpla con los estándares constitucionales y de derechos humanos. Solo así se podrá garantizar que el nuevo modelo sea una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida de los jubilados en Chile.
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