El proyecto del Senado que sanciona robo, hurto y receptación de cables pasa a receptación a Mixta.
La Compañía General de Electricidad (CGE) -que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes entre Arica y Parinacota y La Araucanía- informó este martes que a septiembre de este año sus infraestructuras han sido víctimas de al menos 451 episodios de robo de cable de cobre.
Los delincuentes han sustraído más de 150 kilómetros de esos cables, “lo que equivale a la distancia entre, por ejemplo, Santiago y La Ligua o Santiago y San Fernando”, ejemplificó.
Desde la CGE explicaron que las bandas que roban los cables cuentan con material y personal técnico especializado, lo que “es una clara señal de su asociación al crimen organizado”.
CGE afectada por el robo de cables
Según datos de la distribuidora, difundidos en un comunicado, en los primeros nueve meses del año la cantidad de delitos se disparó, registrando 451 episodios de robo de cables en sus instalaciones (tanto en redes de media y baja tensión, como en instalaciones de transmisión de energía).
Las regiones con más incidencias de este delito fueron las de Arica y Parinacota y Tarapacá, con 138 episodios, seguida por Coquimbo (112); O’Higgins(63); Antofagasta (54); Maule (32); Bío Bío (19); Araucanía (13); Metropolitana (7); Valparaíso-provincia de Melipilla (7); y Atacama (6).
El total robado asciende a 153.595 metros de cable de cobre (153,5 km). “Eso equivale a más de 45 toneladas de cobre sustraídas por bandas delictuales, lo que tamién provocó que más de 165 mil clientes vieran interrumpido su suministro producto de la acción de estos delincuentes”, sostuvo CGE.
Vinculación con crimen organizado
Francisco Jaramillo, subdirector de operaciones de CGE, señaló que la acción de estas bandas, que cuentan con material y personal técnico especializado, es una clara señal de su asociación al crimen organizado.
“El robo de cables se ha consolidado como uno de los principales problemas en la calidad y continuidad del suministro y hoy, con nuestra experiencia, podemos decir que está fuertemente asociado al crimen organizado”, acusó.
Jaramillo explicó que las bandas delictuales cuentan con modus operandi desarrollados y que se van moviendo entre las regiones, “buscando dónde pueden robar y causar el mayor daño”.
“Asimismo, cuentan con una organización que también les permite ocultar, vender, importar y realizar transacciones con el cable robado, lo que financia otros delitos. Es por esto que, como sociedad, no nos podemos quedar tranquilos”, enfatizó el subdirector de operaciones de CGE.
Para la empresa, la valorización del cable de cobre robado y los trabajos de reparación y reconstrucción de infraestructura eléctrica dañada o destruida por estas bandas delictuales superó los 2.190 millones de pesos a septiembre.
El perjuicio que provocan estas bandas delictuales no es solo a la infraestructura, lamentó Jaramillo, “sino también a la calidad y continuidad del servicio eléctrico para miles de clientes a lo largo de la zona de concesión de CGE”.
Por todo, mencionó que es necesario que las autoridades en todos los niveles (comunales, provinciales, regionales y nacionales) “tomen acciones y se involucren para combatir a estas bandas”.
“Esa es la única forma de acabar con este flagelo y así ver mejorada la calidad de suministro a todos los clientes”, sentenció.
El Proyecto
La Sala respaldó la propuesta que realizó la Comisión de Seguridad, en orden a rechazar los cambios introducidos por la Cámara Baja y permitir el perfeccionamiento de la norma.
Una Comisión Mixta integrada por representantes de ambas Cámaras será la encargada de resolver las discrepancias en torno al proyecto que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones.
Ello, luego que la Sala rechazara los cambios introducidos por la Cámara de Diputadas y Diputados, según propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, para permitir así mayores perfeccionamientos.
Así lo dio a conocer el senador Iván Flores, presidente de la instancia quien explicó que «la decisión se adoptó tras el análisis de dos boletines nuevos, el N° 15.416-7 y el N°16.429-25, refundidos, sobre la misma materia y que fueron presentados con posterioridad, en este caso por el senador Ossandón, quien también es autor del proyecto en análisis».
Precisó que la idea es que «podamos recoger las mejoras de estos dos nuevos boletines y sumarlo a algunas de las materias que fueron agregadas en la Cámara; porque si no, la vuelta de estos dos boletines es extremadamente larga».
La senadora Luz Ebensperger acogió la propuesta de su par y precisó que «efectivamente se requiere mejorar y actualizar el proyecto porque la idea es contar con una buena ley que sancione estos delitos».
