Ana Tuñas Matilla
Greenfiber, sociedad participada en un 75 % por la portuguesa Altri y en un 25 % por la española Smarttia (Greenalia), tramita con el Ministerio de Industria una ayuda directa de 250 millones de euros para la controvertida fábrica de pasta de celulosa y lyocell (fibra textil) que prevé construir en Palas de Rei (Lugo).
«Les hemos preparado un expediente que tienen que mandar a la Unión Europea para que le de luz verde», ha asegurado a EFE el director del proyecto, Bruno Dapena, que ha explicado que se trataría de una ayuda similar a la que en su día se acordó para Alcoa en el marco del PERTE de Descarbonización.
Desde Industria, han explicado a EFE que durante el mandato del entonces ministro Héctor Goméz se mantuvieron reuniones para que se presentaran al PERTE y que están pendientes de que la Xunta dé el visto bueno ambiental al proyecto para tramitarlo expediente, aunque no han detallado el importe y han hablar de ayudas directas.
El proyecto, denominado Gama y al que se oponen ecologistas y gran parte de la sociedad civil por considerar que tendrá un gran impacto ambiental, acaba de recibir informe favorable de Augas de Galicia, paso previo a poder tramitar el expediente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
«Si todo va bien, tendríamos la Declaración de Impacto Ambiental a lo largo del mes de marzo (…). Después se tramitaría la Autorización Ambiental Integrada (AAI)», que calculan que podría estar lista en mayo o junio, ha dicho Dapena.
Necesitan un 25 % de fondos públicos y el ok de Bruselas
Una vez lograda la AAI, podrían comenzar a trabajar en la planta, siempre y cuando logren cerrar la financiación del proyecto, para el que prevén una inversión de unos 1.000 millones de euros: el 25 % procedente de capital privado, otro 25 % de fondos públicos y el 50 % restante, deuda.
Para captar fondos públicos, la empresa opta a la línea 4 (instalaciones de nueva creación) del PERTE de Descarbonización (fondos europeos), por el que, como máximo obtendría 30 millones de euros, según el directivo, que ha subrayado que el programa de ayudas ha salido con «muchos menos fondos de los que se esperaban».
«Estamos viendo todas las vías posibles», entre ellas una ayuda directa con Industria, similar a la que obtuvo Arcelor en Asturias en el marco del PERTE de Descarbonización en 2023 de 450 millones a Arcelor para la ejecución de un proyecto de hidrógeno circular (la empresa renunció posteriormente por considerarla insuficiente).
Según informó en su día el Ejecutivo, la subvención tenía carácter singular porque el uso de hidrógeno verde a escala industrial era inexistente y el hecho de que sólo Arcelor optara a hacerlo a gran escala imposibilitaba la convocatoria mediante concurrencia competitiva.
En su caso, Gama sería la primera planta en el mundo en producir lyocell y su principal materia prima, la celulosa soluble (a partir de madera de eucalipto, en este caso), lo que ahorraría muchas toneladas de CO2 (93 %), pues ahora la pasta viaja principalmente hasta Asia para la generación de fibras, según Dapena.
«Estamos hablando de unos 250 millones. El Gobierno, una vez revisa el expediente, que ya lo tienen, tiene que mandarlo a la UE para que lo apruebe», ha apuntado el directivo, que ha afirmado que «el proyecto gustó mucho».
Para considerarla «legal», la UE evaluará si está alineada con las políticas europeas de medio ambiente, sosteniblidad y descarbonización, si cumple el principio de DSNH (que causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales de la taxonomía de la UE), y que no vulnera el mercado de la competencia.
Contestación social
Entre los que se oponen al proyecto: grupos ecologistas como Greenpeace o Ecoloxistas en Acción; organizaciones vecinales y sectoriales, como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa; el sindicato CIG (mayoritario en Galicia); el BNG, o el Consello da Cultura Galega, órgano estatutario de la Comunidad gallega e integrado, entre otros, por universidades y centros de investigación.
Mientras sus promotores defienden su sostenibilidad y que generará empleo y dinamizará la zona, sus detractores alertan de que su impacto en el río Ulla, del que tomará el agua para sus procesos productivos y al que la devolverá tras tratarla; y en la Ría de Arousa, en la que desemboca el río y centro neurálgico del marisqueo, destruirá más empleo de que creará por la contaminación del medio, que afectará también a la salud humana.
Entre los puestos de trabajo que están en juego, además de mariscadores y pescadores, ganaderos, agricultores e, incluso, hosteleros, pues la zona aledaña a la planta vive del turismo generado por el Camino de Santiago, cultivos y ganado.
Según datos de la compañía, la planta creará 500 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, mientras que desde el BNG estiman que peligrarán más de 8.000 empleos.
La mitad de la celulosa será exportada
La factoría, que requerirá que se recalifique suelo rústico en industrial, se desarrollará en dos fases, hasta alcanzar una capacidad final de producción anual de 400.000 toneladas celulosa soluble y de 200.000 toneladas de lyocell.
De la producción total de celulosa soluble, exportarán a Asia la mitad para la fabricación allí de lyocell, según Dapena, que ha asegurado que para la producción in situ de esta fibra ya cuentan con el interés de grandes empresas textiles y ha defendido la sostenibilidad del proyecto.
En relación al proyecto, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha limitado a señalar en reiteradas ocasiones que su Ministerio vigilará para que el proyecto cumpla todas las garantías medioambientales. EFE
atm/al
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